Mucho se habla de la forma de gestión de la producción en el modo “empresa recuperada”. Desde hace unos años ha cobrado creciente importancia esta forma de llevar adelante empresas que, a términos de mercado, no lograron mantener su cuota y cayeron en quiebras. Una de las experiencias en esta forma de gestión se desarrolla desde principios de la década de 2000 con el caso de la administración del quebrado Hotel Bauen de Buenos Aires por parte de una cooperativa de trabajadores.
El término “empresa recuperada” hace referencia a una línea de pensamiento político-económico que sostiene que, en esencia, toda empresa en el mercado es una forma de robo institucionalizado que se hace a los trabajadores, los cuales -despojando el marco institucional “burgués”-, serían los poseedores originales de eso que hace ser a la empresa tal cosa; el trabajo. De esta manera –se sostiene-, solo el trabajo es la fuente que da valor a la producción, y ese valor se extirpa del trabajador en forma de un sistema de precios de mercado mediante el cual el empresario (el ladrón), depreciando el precio que paga por la fuerza de trabajo (el salario) y apreciando el precio que cobra por vender lo producido por esa fuerza (el producto final), se queda con el valor agregado que correspondería al trabajador. Por lo tanto, desde este particular punto de vista, un acto de estricta justicia pasaría por lograr que los trabajadores se apropien de la empresa para poder apropiarse así del total de la fuente de creación que les pertenece, y es desde este lugar que toma cuerpo el concepto de “empresa recuperada”.
Hay que establecer claramente que en tanto definición, al momento de "recuperar" eso que se ha mencionado, no se está recuperando una empresa sino se la está escindiendo. Lo que se está recuperando (si es que podemos hablar de recuperación) es otro tipo de cosa, pero no una empresa, por lo que el nombre "empresa recuperada" no es más que una simple falacia ab ovo.
También hay que establecer que el concepto “empresa recuperada” tampoco tiene cercanía -en esencia-, a lo que comúnmente se interpretaría sobre la vida o desaparición de una empresa. El concepto de recuperación no remite al proceso mediante el cual una empresa que entró en quiebras, luego de un proceso de mejora continua, logró avanzar y revertir sus deficientes estados contables para pasar a ser autosuficiente y competitiva. Reitero; la definición de recuperación que sostienen quienes llevan adelante este objetivo político remite a la devolución de lo que alguien, por fuerza, habría robado.
Es amplio en nuestro medio el abanico de economistas, pensadores y funcionarios que consideran aquella postura como una posición justa y verdadera. Y desde ese lugar se han abierto puertas legales para justificar la apropiación de empresas con problemas contables por parte de los planteles operativos. Paralelamente, cuando no ha sido posible enmarcar el latrocinio de forma legal, se ha apelado a la necesidad de ciertos derechos con los que han salido en tiempo y forma a avalar la toma de empresas (el robo verdadero).
Es importante indicar que el decretar o certificar la toma de una empresa en problemas por parte de sus trabajadores es, lisa y llanamente, avalar desde las instituciones el asalto a la propiedad garantizada por la Constitución Nacional. Una empresa en quiebra continúa bajo posesión original de su dueño, y la única opción formal institucional que puede tomarse ante esta situación no es otra que la de activar todos los mecanismos que sean necesarios para otorgar plenas garantías a sus originales poseedores para que puedan ajustarse a derecho y ofrecer una salida justa y equitativa a sus acreedores (o la salida más justa y equitativa en el marco de lo posible). Todo lo que quede por fuera de esos marcos no son más que pujas facciosas con mediaciones políticas. En donde siempre pierden aquellos que más alejados del poder político están y menos poder de presión poseen.
Cuando la empresa en quiebra se otorga a sus trabajadores mediante la vía política: ¿quién se encarga de pagar a los dueños originales el dinero por la inversión inicial y el riesgo de producción que aún queda en forma de máquinas y predio? ¿De qué manera la “empresa recuperada” subsiste por la vía de su producción luego del latrocinio?
La primera pregunta tiene una respuesta corta; nadie afronta esos costos. Los dueños originales no tienen derecho a vender su empresa para pagar sus deudas particulares luego del quebranto, empujando también al quebranto potencial a los acreedores más importantes o dejándolos en manos de una negociación directa con los nuevos dueños de sus activos, o sea, los trabajadores protegidos institucionalmente por el Estado. La segunda pregunta también tiene una respuesta corta; el grueso de las empresas recuperadas subsiste gracias a subsidios y transferencias que otorgan diversos programas de Estado. Son prácticamente nulos los casos exitosos en el sentido de la recuperación a términos de mercado de este tipo de empresas; generalmente los acreedores no logran cobrar el total de las deudas y las empresas no logran revertir la dinámica que las llevó al quebranto. ¿Cómo subsisten? Subsisten políticamente empujando al sector político a no quedar expuesto ante una decisión que nadie quiere tomar por ser "políticamente incorrecta", o sea; dejar que la empresa subsista o fenezca dependiendo de su propia productividad y sistema de negocios.
Si una empresa quebró porque continuó con la producción de cable coaxial cuando el mercado estaba profundizando la incorporación de fibra óptica, la empresa recuperada continuará fabricando algo que ya no se utiliza, calzando gran parte de su demanda en el mercado interno en la medida que su presión se complete con el sector político en forma de barreras de entrada a la competencia (protecciones arancelarias), transferencias vía subsidios o generación de leyes de promoción especial para que otras empresas se vean obligadas a comprar producción obsoleta dentro de sus insumos. Y así, es toda la sociedad la que se empuja al freno técnico, gestándose caída de incentivos, de competencia y, lógicamente, de competitividad. Tal el resultado de una anómala forma de captar un proceso y una aún más anómala forma de organizar el sentido de lo político para tomar decisiones.
Esto es parte de un problema de sentido que hoy tenemos en Argentina, y no es un problema menor. Lamentablemente el grueso del arco político argentino observa este proceso tan solo en el nivel de las apariencias. Los empresarios son vistos como los señores malignos que pretenden quedarse con lo generado por los trabajadores. Y así, desde ese lugar, toda intervención pública se construye pensando en la manera de atar lo más posible a ese feroz peligro para dar a cada uno su merecida parte. Gran parte de la ciudadanía también es víctima de esta ensoñación y es anuente con esa anómala forma de ver el mercado, la producción y hasta el sentido de la vida.
Todos gritan que en el mercado hay algo injusto que nos oprime, y esa opresión -creen-, no puede venir de otro lugar que no sea del sector empresario. No se advierte -y no quiere advertirse- que el empresario también es una persona que trabaja (en muchos casos tanto o más que muchos trabajadores). Son muy pocos quienes se atreven a ir a la esencia del proceso y analizar desde donde salen los impulsos creativos que hacen que haya más y más empresas ofreciendo más y más productos y más y más trabajo. La actitud y el empeño para sobrepasar el miedo al riesgo que empuja a una persona a confiar en su intuición movido por su ambición, anhelo y capacidad creadora, no puede hacer otra cosa más que gestar nuevos puestos de trabajo, y esta forma de ver el proceso de creación laboral prácticamente no está presente en la agenda de discusión pública de nuestra sociedad. También hay otros motivos más allá de un triunfo parcial de un obsoleto relato de izquierda, la culpa; no son pocos los empresarios que adquirieron un ADN culposo luego de décadas de ser señalados, y sienten que no es motivo de orgullo ser lo que son. Pero también hay empresarios, claro está, que creen serlo cuando tan solo son proveedores públicos de baja calidad.
El grueso de las "empresas recuperadas" hoy captan sus recursos por la vía del subsidio público, el cual, recordemos, se genera transfiriendo recursos desde la ciudadanía que paga impuestos hacia estas formas de producción lenta, y así, sus planteles van perdiendo la noción de entregarse al cliente y la voracidad por buscar una ganancia y va ganando la certeza de exigir al ciudadano la renta necesaria para mantenerse en pie, so pena de escarnio público.
El límite de todo esto ya lo estamos presenciando con las gestas que está intentando profundizar la izquierda más combativa. Si bien es marginal la influencia neta de este tipo de organizaciones en las variables macroeconómicas, esencialmente hay en ellas una dinámica que es característica de gran parte del funcionamiento de nuestra economía en cuanto a descalces entre productividad, medio de intercambios y satisfacción, y esa perversión se manifiesta en forma de inflación. Bajos niveles de productividad acompañados de altos niveles de transferencia no pueden generar otra cosa mas que la necesidad de inyectar billetes para equiparar la escasez de productos de calidad de consumo para algunos y la escasez de clientes disponibles para otros.
Uno de los puntos que la administración actual deberá definitivamente afrontar con seriedad y entereza, es el de la gestión del sentido político de esto que se ha dado en llamar "empresas recuperadas" y la exigencia de trabajo por obligación del Estado. Del tratamiento que de estos temas se realice se sentarán las bases institucionales que necesita la economía Argentina para garantizar la tan ansiada inyección de inversión local e internacional. No es un tema menor para tratar entre gallos y medianoche, sino uno bien mayor que monta toda una estructura de pensamiento que debemos dejar atrás.
