El problema de la economía argentina NO ES un problema “de la economía argentina”, ES UN PROBLEMA MACROECONÓMICO; y esto no es lo mismo.
Al habernos educado bajo el paradigma de lo macroeconómico como el problema general (el eterno filtro de Estado mediante el cual, con la educación ministerialmente dirigida, se enseña a interpretar los intereses particulares como preocupaciones generales), siempre nos topamos con la misma confusión; interpretamos y trasladamos los desequilibrios de las cuentas públicas como si fueran desequilibrios de la economía general. La macroeconomía es una estructura teórica que hace las veces de guía mediante la cual los ECONOMISTAS PÚBLICOS sugieren medidas de política económica PARA TODA LA ECONOMÍA. Sin embargo, este proceso no es otro que el de interpretar problemáticas económicas y pensar en brindar soluciones a esas problemáticas, CON Y DESDE EL FILTRO DE LOS PARÁMETROS DE SOLUCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS y no desde el amplio abanico de los parámetros y procesos de la economía como un todo; los equilibrios que se buscan pensando desde los modelos macroeconómicos y sus estructuras de causalidad no son otra cosa, más que diferentes formatos de encorsetamiento (unas veces el corsé ajusta demasiado y otras veces queda más cómodo, pero aún no advertimos que podríamos vivir sin corsé). No es correcto ni claro pensar que quien está en crisis es la economía argentina sin antes prestar atención a pensar que quien realmente está en crisis es el sector público argentino y no, toda la economía.
Este tipo de olvido y cambio de perspectiva para analizar y pensar con claridad dicho proceso, se debe al paradigma bajo el cual nos han moldeado; una estructura conceptual forjada por el constructo ministerial del sector público, que establece el esquema de pensamiento mediante el cual terminamos –en este caso económico pero en todos los casos es idéntico proceso-, tanteando a ciegas y trasladando, en la interpretación, la crisis pública de administración de recursos al resto de la economía en su participación ciudadana. Desde este lugar, interpretamos la respuesta ciudadana en tanto su acción espontánea y natural, con el desplazado disfraz del altruismo público. De esta manera reforzamos la anomalía interpretativa y terminamos juzgando equivocadamente a la ciudadanía parados desde ese supuesto pedestal que nos construyó el paradigma educativo ministerial. Sabido es que la ciudadanía solo tiene un mecanismo para amortiguar y trasladar sus dilemas de administración de recursos y desequilibrios económicos hacia el sector público cada vez que éste la acosa para solucionar sus problemas; LA EVASIÓN.
La evasión está mal vista porque la interpretación de ese hecho se hace desde la estructura de pensamiento homogeneizada desde aquella educación. Sin embargo, la palabra correcta para referirse a ese proceso en el contexto argentino es “elusión”; la ciudadanía hoy no está evadiendo, está eludiendo. Eludir implica algo más aproximado a lo que está sucediendo puesto que la ciudadanía, hoy en argentina, elude el riesgo de ser absorbida por algo que pone en peligro su capacidad de subsistencia económica, y eso no es evasión en el sentido delincuencial que aquí se da al término. Eso no es evasión porque es sentido de permanencia vital ante un riesgo de muerte económica en estado puro. Pero la existencia de problemas graves y amenazas para la ciudadanía aún no ha terminado, existe otro problema aún más grave: el mecanismo de solución posible que tiene a mano constitucionalmente la ciudadanía también está viciado de anomalías; el mecanismo que administra el poder judicial.
Ese mismo anómalo sector público es quien hoy (debido a los tres poderes del Estado en franco desequilibrio tal como sucede con la macroeconomía), posee formalmente la legitimidad monopólica para la persecución de la ciudadanía ante su respuesta, definiendo como evasión al natural proceso de elusión que en acción humana cualquier ciudadano realizará cada vez que ve amenazada su subsistencia económica. Y desde ahí, ese anómalo sector público persigue a la ciudadanía con el bastón de la legalidad en su poder. La ciudadanía queda por completo desguarnecida, puesto que teniendo constitucionalmente el poder de destituir a la gestión pública cada vez que ésta la avasalla para corregir unas restricciones gestadas por su propia mala administración pública, NO TIENE EL CANAL FORMAL PARA HACERLO, dado que la justicia entorpecerá todos y cada uno de sus reclamos y pedidos. LA JUSTICIA EN ARGENTINA NO ES OTRA COSA QUE EL SECTOR PÚBLICO ATANDO AL SECTOR PRIVADO.
Finalmente, si el lector llegó hasta aquí en este post, le dejo una pregunta para que piense cada vez que liquida sus impuestos y de cara a las próximas elecciones; ¿es realmente justo lo que estamos viviendo, es realmente una crisis de toda la economía argentina la que estamos sufriendo, es realmente imposible que los jubilados cobren una digna retribución por su trabajo de toda una vida y que el ESTADO APELE SUS RECLAMOS HASTA DEJARLOS MORIR? y ¿Vale realmente la pena apoyar una administración y un gobierno que solicita un esfuerzo que demuestra conducirnos a la eutanasia económica? Sería interesante que pensemos en eso durante los próximos meses.
