Se exige al Estado que responda por Santiago Maldonado. El Estado responde, precisamente, que no se sabe dónde está y se está haciendo todo lo posible por obtener su paradero. Por la información que todos tenemos a disposición, entiendo que el Estado argentino está procurando por todos los medios posibles para dar con él. También, considero, que al tener el resultado dará a conocer el mismo, y tengo entendido que hay un proceso de investigación en desarrollo. El Estado argentino no puede responder por algo de lo cual aún no tienen respuesta concluyente, de la misma manera que no puede responder por infinidad de procesos de los cuales tiene responsabilidad pero aún no tiene las respuestas concluyentes correspondientes. Es el Estado argentino -en orden de uno de sus fiscales y con la aceptación del juez interviniente-, que en ese proceso de búsqueda de respuesta e indagación, ha aceptado cambiar la causa a "desaparición forzada". Esperemos que tanto el fiscal como el juez no reciban las presiones políticas que en otro momento han recibido otros fiscales y jueces. Hay que esperar por una respuesta que debe llegar, pero que aún no está. Sin embargo, hay quienes por fuera de la investigación creen ya tener una respuesta, y apelan a la carátula de la investigación confundiendo hipótesis con sentencia.
El Estado está investigando con todos los medios a disposición y se promovió, dentro de uno de sus estamentos (el judicial y sus protocolos), el cambio de caratula. Por lo tanto, quienes exigen que el Estado “reconozca” la “desaparición forzada”, estando ese reconocimiento ya formalizado en la caratula de la causa, están invirtiendo la carga de la prueba en el recorrido de los protocolos con los cuales se dictamina sentencia definitiva. Reitero, le Estado en su máxima representación deberá expedirse cuando la carga de la prueba sea concluyente. De no esperar ese lógico, legítimo y legal procedimiento, se está sugiriendo al Estado un reconocimiento ipso facto, de la desaparición forzada o, en su defecto, que se muestre a Santiago Maldonado de alguna manera aún sin saber dónde está o qué sucedió con él, aún sin haber corroborado o descartado el caso conforme dicta el protocolo de corroboración pública según indica la ley y la Constitución Nacional.
Esa exigencia de reconocimiento al más alto nivel público, es un pedido que se hace con la arbitrariedad de la presuposición. Fiscalía es un estamento público, oficial, gubernamental, estatal. Y la fiscal ya caratuló la causa como "desaparición forzada". Eso, al menos hasta ahora, neutraliza esa exigencia. Eso, al menos hasta ahora y con las pruebas disponibles, ya es suficiente. Cualquier pedido más allá conlleva otro tipo de exigencia que nada tiene que ver con esta causa. No se puede exigir reconocer algo de lo cual no se conoce, al menos no hasta que la investigación de las pistas que concluyan lo necesario para ese reconocimiento. Si la intención de quienes hoy marcharon con esas exigencias (entre las cuales están los pedidos de renuncia de rigor), es interpelar políticamente al gobierno sobre la base de sus corazonadas y promover un guion político acorde a otro tipo de intereses, no tiene el gobierno por qué acceder a ese pedido. Menos cuando la caratula de la cusa ya implica lo que están pidiendo.
Respecto de la caratula de "desaparición forzada" con la que se ha definido esta causa, y por las pruebas disponibles que la misma entrega hasta el momento, hay que establecer claramente que ha sido definida más por la voluntad antes que por las pruebas. Si bien es una hipótesis (lo que podría independizarla ex ante de tener que depender del rigor probatorio), la misma no tiene aproximación a la condición probatoria potencial -dados los indicios concretos-, como para ser definida en los términos de “desaparición forzada”. Esa caratula, sin embargo, nos dice algo concluyente respecto de todo lo que estamos viviendo en éste, y otros casos en los cuales la política parece definir por sobre la lógica investigativa; es la pauperización con la que interpretamos y gestionamos los protocolos de investigación y el rigor profesional de los elementos que conforman nuestra jurisprudencia.
Y no hay nada más humano para preservar nuestros derechos, que la humilde y persistente tarea de quienes llevan adelante un método para esclarecer aquello que no sabemos, que no conocemos. Para ayudar a la justicia a que se haga justicia.
